La fiscalización del sector público, tal y como la defienden las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), es un factor importante a la hora de marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos.
La fiscalización de gobiernos y entidades públicas por parte de las EFS tiene un impacto positivo en la confianza de la sociedad, puesto que hace que los responsables del uso de los recursos públicos piensen cómo utilizar correctamente los mismos.
Por lo expuesto, una EFS independiente, eficaz y creíble resulta un componente esencial dentro de un sistema democrático en el que la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad son partes indispensables para una democracia estable.
En este sentido, la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) establece que las EFS generan altas expectativas y deben ganarse la confianza de las partes interesadas externas (ciudadanos, órganos legislativos y ejecutivos, auditados y otros). Por lo tanto, tienen que actuar como organizaciones modelo y promover y velar por la ética en todos los aspectos de la organización.
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda como estrategia para fortalecer la integridad pública, un enfoque basado en i) la implementación de sistemas de integridad pública al interior de las organizaciones, ii) el fortalecimiento de la cultura orientada a la integridad y iii) una rendición de cuentas eficaz.
El concepto de integridad cobra relevancia también en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), pues en el quehacer diario de sus miembros se debe asegurar el permanente cumplimiento de las normas y valores –destacando la integridad–, sobre las que se fundamentan las políticas institucionales, base para el desarrollo de un clima organizacional abierto a las críticas, transparente, en el que existan espacios para discutir y solucionar conflictos, y en el que la administración lidere con el ejemplo.
Dado que el comportamiento ético es un componente clave en el establecimiento y el mantenimiento de la confianza y la reputación necesaria, un código de ética es un requisito esencial para el funcionamiento de una EFS, conforme lo establece la ISSAI 130. Por su parte, el Honorable Tribunal de Cuentas cuenta con un Código de Ética y Normas de Manejo de la Información.
Por último, a fin de dar cuenta del cumplimiento con los requerimientos éticos vinculados a las exigencias de "independencia, objetividad e imparcialidad", el Tribunal ha implementado la Declaración Jurada de Independencia que es la que concierne al auditor para quien es exigible la independencia con respecto a la entidad fiscalizada y otros grupos de intereses externos.
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