Historia

Los orígenes de nuestra institución se remontan a los tiempos de la colonización de América, por lo que la forma de control que ejerce ha sido heredada de la legislación de Indias, adaptándola posteriormente a las distintas realidades históricas que fue atravesando nuestro país.

Durante el período colonial y el de consolidación del estado nacional, el control fue ejercido a través de distintos organismos (Contaduría Mayor, Junta Superior de Real Hacienda, Comisiones parlamentarias, Oficina de Contabilidad, etc.), hasta que en 1889 la Constitución Provincial sancionada ese año ordenó por ley la creación de un Tribunal de Cuentas "con poder para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecho por todos los funcionarios y administradores de la Provincia. Este Tribunal será compuesto por un presidente, cuatro vocales contadores nombrados por el Poder ejecutivo con acuerdo del Senado y serán inamovibles".

Así, dando cumplimiento al mandato constitucional, el 6 de Febrero de 1891 se constituye el Tribunal de Cuentas con la forma que hoy conocemos.

La reforma efectuada a la Carta Magna en 1994 - que rige en la actualidad - dedica un Capítulo al Tribunal de Cuentas y establece, en su artículo 159, que: “La Legislatura dictará la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Éste se compondrá de un presidente abogado y cuatro vocales contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de las Cámaras de Apelación.

Dicho tribunal tendrá las siguientes atribuciones:

1- Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos.

2- Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley.

Las acciones para la ejecución de las resoluciones del tribunal corresponderán al Fiscal de Estado”.

Actualmente el Organismo se rige por la Ley Orgánica N°10.869 y sus modificatorias, donde se determina su estructura, composición, facultades, funcionamiento y normas a las cuales deberá ajustar sus procedimientos.